El sector conservador del CGPJ pone en evidencia al Gobierno: habrá pacto si se retiran los plazos

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El acto de apertura del año judicial marcará, ahora sí, el inicio de la carrera contra el reloj para que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, multiplique sus esfuerzos en aras de lograr que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial previsto para mañana logre sacar adelante los nombres de sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Junto con los dos que aporte el Gobierno, se podrá proceder ya a la renovación del tercio del TC que corresponde a Ejecutivo y Consejo y que dará el control del órgano de garantías a la mayoría progresista.

La ruptura del bloque conservador del Consejo que ya se vio antes del verano (con Lesmes, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte votando con los progresistas al margen de los ocho vocales de su misma sensibilidad) podría no repetirse si se dan las circunstancias adecuadas, que es lo que piden los nueve vocales que hasta este lunes no parecían muy dispuestos a ayudar a que esos dos candidatos salgan adelante. Finalmente lo harán por «responsabilidad institucional», pero no aceptarán presiones.

Establecer las reglas del juego

Tras una «intenso» debate que este grupo de vocales mantuvo anoche, finalmente se posicionarán «a favor de la institucionalidad», lo que implica que llegarán a acuerdos «debidamente consensuados». Eso sí, fuentes de ese bloque aseguran que para llegar a ese consenso es fundamental «establecer primero las reglas del juego» y solo después, sin verse condicionados por el plazo que ha dado el Gobierno para proceder a hacer esos nombramientos. Esta circunstancia pone a Lesmes en una tesitura complicada y puede hacer inviable el acuerdo si el Ejecutivo mantiene la presión y Lesmes su postura de hacerlos en plazo.

Desde el bloque conservador señalan que «es indigno hablar de boicot», en alusión a las declaraciones de Carlos Lesmes

Y es que el ultimátum que ha dado el Gobierno al CGPJ para efectuar esos nombramientos (el 13 de este mes) no ayuda a que las conversaciones entre vocales se lleven a cabo en un clima de serenidad y concordia, reconocen fuentes del sector conservador, pero tampoco las declaraciones del presidente del Consejo diciendo que se opone «a que esta institución se declare en rebeldía». «Nos parece indigno hablar de boicot; de hecho es incompatible con ese boicot que hayamos hablado con gente», sostenían ayer en declaraciones a ABC. Cuestión distinta, añaden, es haberse encontrado con la negativa de los magistrados conservadores del Supremo tanteados, como Manuel Marchena, Pablo Llarena, Antonio del Moral o Ignacio Sancho.

Miércoles, en el Tribunal Supremo

Apertura del año judicial

Lesmes pronunciará su cuarto discurso como presidente en funciones del Supremo y del CGPJ. En presencia del Rey, alertará de las perniciosas consecuencias que está teniendo la falta de renovación del CGPJ en la cúpula judicial, donde hay sesenta vacantes, 16 de ellas en el Alto Tribunal. Magistrados del Supremo, del TC, vocales y políticos volverán a verse las caras.

Jueves, en el Consejo

Pleno para nombrar a dos candidatos al TC

Cinco días antes de que venza el plazo que el Gobierno ha dado al CGPJ, Lesmes ha convocado un pleno para que los vocales propongan dos nombres para el TC. La mayoría de los vocales conservadores rechazan imposiciones, pero están abiertos a negociar sin los plazos marcados por el Gobierno.

13 de septiembre

Último día para el acuerdo

El martes termina el plazo fijado en la contrarreforma de julio para que el CGPJ vote. Entre el 8 y el 13 podría convocarse otro pleno.

Los ocho vocales del grupo conservador no llevarán nombres al Pleno de mañana, pero sí la petición de que esa reunión sirva para establecer «las reglas» del juego y a partir de ahí se empiece a negociar los nombres dos candidatos, tradicionalmente uno del sector progresista y otro del sector conservador, para renovar parte del TC. Lo que no quiere ese grupo es que nadie presente candidatos por ellos. «No queremos imposiciones», señala tajante un vocal del grupo conservador.

Imprevisibilidad

Aunque al hablar de la dificultad de los nombramientos Lesmes comparó el martes los que se van a acometer ahora para el TC con los de otras plazas del Supremo, lo cierto es que aquí hay un factor de imprevisibilidad que no se da en aquellos casos, en los que los nombramientos llegan «muy mascados al Pleno» después de haber pasado por una fase previa de presentación de candidaturas, comparecencias de los interesados, la intervención de la Comisión de Calificación o la Permanente. Y eso es precisamente lo que quiere este grupo de vocales, que no ha pensado todavía en ningún nombre a diferencia de los progresistas, que cuentan con los de José Manuel Bandrés, Pablo Lucas, Ángeles Huet o Eduardo Espín. Para los conservadores es fundamental que estos nombres se pacten y asumen que se acabará haciendo «como marca la ley».

Con que solo uno de los ocho vocales del bloque conservador favorable a la espera se ‘fugara’, los nombramientos saldrían adelante

Lo cierto es que si en estos momentos la votación se produjera, sería delicada porque tiene que salir adelante con una mayoría de tres quintos del Consejo, lo que implica que esos doce votos van a depender de un solo vocal. Con que solo uno de los ocho que conforman ese bloque conservador favorable a la espera se ‘fugara’ con los de Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte (en el caso de que este mantenga, a su vez, su posición de junio, que tampoco está claro), los nombramientos saldrían adelante de forma inmediata.

En ese caso, y de seguir con los plazos del ultimátum, dado que en los nombramientos el voto en contra no existe y la forma de oponerse a los mismos es el voto en blanco, sería esta salida a la que recurrirían la mayoría de los vocales conservadores. La clave de la oposición de los vocales estaría tanto en resaltar el ataque al Poder Judicial que supuso, a su juicio, la reforma que lo maniató -impidiendo hacer nombramientos- como la nueva ofensiva que supone poner un plazo a un órgano constitucional que hasta ahora siempre ha tenido autonomía y ha manejado los tiempos de sus nombramientos. La decisión del Gobierno de levantar la prohibición para designar a dos magistrados del TC y no hacerlo respecto al resto ha provocado que más de 60 vacantes de la cúpula judicial estén sin cubrir.

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