La Junta primará el «confort» para ‘ajustar’ la temperatura en hospitales y centros de servicios sociales

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El posible «ahorro» en la factura energética limitando la temperatura en los edificios públicos de la Junta de Castilla y León, tal y como marca del decreto-ley del Gobierno convalidado ayer por el Congreso de los Diputados, llegará de los dedicados a servicios administrativos, «burocráticos». Y «no tanto» en otros en los que hay una «prestación directa» a los ciudadanos. De modo que en hospitales, centros de salud, servicios sociales o educativos, a la hora de regular el termostato del aire acondicionado y la calefacción primará «el confort» de quienes están allí ingresados y no los 27 como máximo en verano y 19 como mínimo en invierno. Así lo destacó ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien subrayó que harán uso ese «margen de flexibilidad» que contempla la cuestionada norma para «garantizar» el confort en esos centros y la «calidad de vida» de quienes están ingresados. Eso sí, «hubiera sido bueno» que también se permitiese a otros sectores, apostilló Carriedo, quien dejó claro que se adaptarán a lo que marca la normativa, pero no evita que no comulguen con lo que establece y, sobre todo, con las formas en las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez la alumbrado.

«Nosotros vamos a cumplir el decreto ley, aunque no nos guste y nos parezca que es perjudicial para el conjunto de los ciudadanos y para la actividad productiva», recalcó el portavoz de la Junta, donde los servicios jurídicos todavía no se han pronunciado sobre si llevar el decreto-ley a los tribunales, tal y como apostó el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox).

«Mejorar la autonomía»

Más allá de emprender o no la vía judicial, Carriedo incidió en recriminar las formas en las que el decreto de ahorro energético ha visto la luz, pues «ha sido impuesto, no negociado, ni contado con la participación» de las administraciones públicas ni sectores afectados. Por ello, recalcó que sería «una buena ocasión» para que el Ejecutivo central «reconsidere» e incluso retire la norma y se abra al diálogo, pues, dijo, incluso los sectores afectados le han trasladado su «disgusto» con la aplicación.

«La principal distancia que tenemos es que actúa por la vía de la restricción, la imposición, la limitación y la prohibición, en lugar del estímulo y el apoyo a las empresas, que es lo que tendría que realizarse», incidió Carriedo. Además, apuntó que desde la Junta son más «partidarios» de una política energética «que mejore nuestra autonomía y disminuya nuestra dependencia del exterior» de cara a reducir la «brecha» que existe entre la energía que produce España y la que requiere. Y eso, añadió, que Castilla y León genera más energía de la que consume, por lo que es «solidaria» con el resto del país. Aprovechó, además, para incidir en el «error» de haber cerrado las minas de carbón y las térmicas, así como la posición del Gobierno central sobre las nucleares.

El decreto-ley también contempla ayudas para el transporte público de viajeros. La Junta aplicará la reducción del 30% a los abonos y títulos multiviajes de su competencia, como recordó Carriedo, ya tienen una bonificación media del 35 por ciento, que oscila entre esa proporción para los metropolitanos, el 40 a 83 por ciento en los abonos entre Madrid con Segovia y Ávila y el cien por cien en el bono de transporte rural a la demanda.

Convenio sobre el AVE

Además, apuntó Carriedo, están esperando la respuesta del Renfe para firmar un convenio que permita una rebaja del 25% en los servicios de AVE con estación en Castilla y León, a la que la Junta haría su aportación. Aunque, puntualizó el portavoz, que sea «para siempre» y no sólo durante los cuatro meses (del 1 de septiembre al 31 de diciembre) que contempla la texto del Ejecutivo de Sánchez. «Pensamos que no se trata sólo de solventar una situación de crisis o coyuntura muy difícil, sino mejorar la comunicación», defendió, también para el conjunto del transporte público.

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